Texto de la declaración
1. Los obispos argentinos reunidos en la Asamblea Plenaria queremos recordar algunos criterios con la intención de contribuir a que la nueva Ley de Educación Nacional, de próxima sanción, sea un instrumento eficaz para la formación de las futuras generaciones de argentinos y, por tanto, para el bien común de la Patria.

2. La educación es un bien público y es también un bien personal y social. Todos, sin exclusión alguna, tienen derecho a una educación de calidad. El Estado, por su parte, para sostener y respaldar la libertad de enseñanza garantizada por la Constitución Nacional, mantiene y preserva un único sistema de educación pública con dos subsistemas: el de gestión estatal y el de gestión privada.

3. El rol principal y subsidiario del Estado debe conjugarse con el derecho natural e inalienable de los padres a elegir para sus hijos una educación que responda a sus propias convicciones y creencias, sin discriminación alguna. Resulta irrenunciable sostener el principio de libertad de conciencia como un derecho de las familias, de los educadores y de los educandos.

4. Una concepción integral de la educación incluye necesariamente la dimensión trascendente del hombre. Nuestros niños y jóvenes merecen una Ley de educación que contemple en plenitud las aspiraciones de la persona, que no sólo se expresa en su dimensión social, laboral y científica, sino que busca las alturas de un horizonte cultural, espiritual y religioso. En este sentido, aspiramos a que una ley de educación para todos los argentinos dé la posibilidad a cada educando de conocer, amar y creer en Dios, Creador y Padre de todos.

5. El sentir común de la sociedad es que la escuela en Argentina esté al servicio de un desarrollo pleno del hombre como persona en sus dimensiones física, intelectual y afectiva, sociocultural, espiritual y religiosa, sin descuidar el aspecto laboral y comunitario. La educación constituye el fundamento indispensable de una sociedad más justa y solidaria que se sustenta en los valores de paz, libertad, igualdad, solidaridad y búsqueda del bien común.

6. La educación es para todos, y todos tienen derecho a iguales oportunidades. Corresponde al Estado, sobre la base del principio de justicia distributiva, financiar de manera equitativa tanto la educación de gestión estatal como la de gestión privada. Por otra parte, la necesidad real de superar un sistema educativo fragmentado no debe justificar una intervención excesiva del Estado Nacional sobre las autonomías provinciales.

7. Ante la inminencia del tratamiento de la Ley de Educación en el Congreso de la Nación, rogamos a todo el pueblo de Dios, a los hombres de buena voluntad, especialmente a los padres de familia y a los educadores, que se comprometan a sostener los principios que hemos recordado y a los cuales han adherido más de trescientas cincuenta mil personas, muchas de ellas pertenecientes a distintos credos y otras instituciones. Consideramos que los mismos son fundamentales para que la nueva Ley sea el instrumento adecuado en orden a construir una Nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común.

8. A las autoridades que intervienen en la elaboración y sanción de la ley les solicitamos que asuman estos principios y los incluyan en el contenido de la misma.

9. Pedimos a todas nuestras comunidades que recen insistentemente para que Dios, el Señor de la historia, ilumine a quienes tienen la grave responsabilidad de sancionar esta Ley, y encomendamos de un modo especial estas intenciones a Nuestra Señora de Luján, Patrona de la Patria.+